CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá - Llantas estalladas, persecución, acoso a familiares y robos de información. La defensora de derechos humanos hondureña, Jéssica Isla, lo ha vivido todo en sus casi 30 años de activismo, primero como parte del movimiento estudiantil y luego como activista contra la explotación sexual y la violencia de género. Con dolor, Isla cuenta el reclamo que le hace su hija: “Mamá, pareciera que estás decidida a morir”. 

“Mi mayor compromiso es con mis hijos; lo es, pero tengo un sentido del deber por vivir en Honduras”, dice Isla, directora de la organización Grupo de Sociedad Civil, una organización que trabaja para fortalecer la participación ciudadana y promover la democracia y la justicia social.  

Honduras fue el segundo país de las Américas con más personas defensoras de derechos humanos asesinadas, según datos de 2019 de la organización Front Line Defenders (FLD), una organización que apoya a activistas en riesgo. 

América Latina es la región más peligrosa para las defensoras y los defensores de derechos humanos, donde ocurrió el 68% del total de los asesinatos en 2019, de acuerdo a FLD. La organización detalla que los cinco países del mundo con más asesinatos de defensores/as y ambientalistas ese año se dieron en Colombia con 106, Filipinas -único país no latinoamericano de la lista- con 43, Honduras con 31, y México y Brasil con 23 asesinatos cada uno.

Ese en este contexto que la Iniciativa Spotlight apoya el desarrollo de un protocolo para establecer directrices en la investigación de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, conocido como el “Protocolo La Esperanza”. La elaboración de esta herramienta está siendo liderada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de la mano de organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos, incluyendo organizaciones de mujeres y feministas.

"Tenemos la convicción de que el Protocolo 'La Esperanza' se convertirá en un instrumento que contribuirá  a  garantizar el acceso a la justicia para las mujeres defensoras de derechos humanos y que favorecerá los procesos de investigación de los ataques a los que están expuestas por su labor de defensa." - Verónica Vidal, integrante de la Junta Directiva de FLD

Esta herramienta ofrecerá elementos para investigar y responder a las graves amenazas y ataques que reciben las personas defensoras de derechos humanos, haciendo énfasis en las necesidades específicas de seguridad y protección de las defensoras en toda su diversidad y subrayando su contribución al fortalecimiento democrático. 

Los Estados podrán utilizar el protocolo como una guía para diseñar políticas y procedimientos que protejan a las personas defensoras de derechos humanos.  Actualmente, existen pocas pautas concretas para la investigación de amenazas más allá de los estándares generales del debido proceso. 

La Iniciativa Spotlight ha contribuido con apoyo técnico y una contribución financiera para la finalización del protocolo, prevista para marzo. Además, el Programa Regional de América Latina de la Iniciativa dirigirá fondos adicionales para apoyar el trabajo de las organizaciones de defensoras de derechos humanos. 

Ante este esfuerzo Verónica Vidal, integrante de la Junta Directiva de FLD ha señalado ¨celebramos esta iniciativa que ONU Mujeres y CEJIL están impulsando junto al valioso aporte de las organizaciones de mujeres, feministas y derechos humanos de la región. Tenemos la convicción de que el Protocolo “La Esperanza”  se convertirá en un instrumento que contribuirá  a  garantizar el acceso a la justicia para las mujeres defensoras de derechos humanos y que favorecerá los procesos de investigación de los ataques a los que están expuestas por su labor de defensa.  Los alarmantes niveles de impunidad en la región dan cuenta de la debilidad de los sistemas de justicia y los procesos de investigación que lejos de materializarse en justicia, se han construido sobre bases violentas y racistas que obstruyen la posibilidad de encontrar y sancionar a los responsables de las agresiones y violaciones a los derechos humanos de las mujeres defensoras".

El riesgo del silenciamiento

El Protocolo La Esperanza honra la memoria de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en el 2016, quien previamente había sido amenazada en más de 30 ocasiones. 

La situación vivida por Cáceres no es un caso aislado: en el 75% de los casos documentados por FLD hay un registro de amenazas o incidentes de seguridad previos. Según una investigación en curso de CEJIL y ONU Mujeres, el 47% de las defensoras consideran que el propósito de la amenaza recibida era dar aviso de un daño mayor que les sería propinado en el futuro. 

“La muerte de Berta fue un punto de inflexión. Quisimos dar una respuesta al proponer el protocolo. Con él queremos cambiar la percepción de las amenazas, arma clave en el amedrentamiento de las defensoras de derechos humanos. Debemos mejorar la respuesta de  la institucionalidad para poder cortar el ciclo de dolor y silenciamiento”, explicó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL. 

Para Krsticevic, las defensoras sufren una minimización de sus denuncias por amenazas, un mayor acoso en línea y ataques de naturaleza sexual. Efectivamente, las defensoras están desproporcionadamente expuestas a la violencia sexual y a otras formas de violencia basadas en el género. 

Isla plantea que las mujeres que defienden derechos humanos sufren un desgaste mayor por el impacto emocional de su trabajo en su familia e hijos, que incluso puede derivar en enfermedades crónicas. 

“Yo escojo siempre la vida. (Las defensoras) somos una red, cada una es un nudo dentro de esa red. No podemos dejar que quede un vacío en ella, por eso, nuestra protección debe ser vista como una responsabilidad colectiva y debe cubrir todos los aspectos”.  - Jéssica Isla, defensora de derechos humanos hondureña

Pandemia de desprotección

La situación de las mujeres defensoras de derechos humanos se ha agravado por los estados de excepción en algunos países, fruto de la pandemia del Covid19. Isla señala que existen casos de mujeres que al tratar de denunciar actos de violencia, se han enfrentado a respuestas represivas de las autoridades por estar infringiendo las restricciones de tránsito.

María-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe alerta sobre la urgencia de la protección de las defensoras: “El Protocolo La Esperanza será una herramienta fundamental para crear ambientes favorables para su indispensable trabajo, a través de recomendaciones nacidas de su propia experiencia. Por ello, solicitamos a CEJIL continuar de cerca el trabajo con las defensoras y la sociedad civil: sus voces deben ser escuchadas en toda su diversidad”.

Según el estudio en curso de CEJIL y ONU Mujeres, a pesar de la gravedad de las amenazas, el 67% de las personas encuestadas reportaron que seguirán perseverando en su trabajo de promover y proteger los derechos humanos.

Volviendo a las palabras de su hija, Jéssica Isla dice: “Yo escojo siempre la vida. (Las defensoras) somos una red, cada una es un nudo dentro de esa red. No podemos dejar que quede un vacío en ella, por eso, nuestra protección debe ser vista como una responsabilidad colectiva y debe cubrir todos los aspectos”. 

Por Andrea Vásquez