La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado

Fecha:
Diciembre 2021
Autor:
PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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La historia reciente de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como de México y Colombia, está marcada por la presencia sistemática de conflictos internos, violencia generalizada y crimen
organizado. Desde el decenio de 1990, la apertura de las economías, sumado a la debilidad institucional de los Estados, la pobreza y la desigualdad socioeconómica, favoreció el crecimiento de redes transnacionales de narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.

Según Solís y Rojas Aravena (2018), el narcotráfico ha jugado un rol fundamental en las economías de América Latina: con su mercado multimillonario y sus complejas estructuras, cómo
los cárteles, pandillas y maras, despliegan en esta parte de América Latina una proporción muy sustantiva de sus operaciones de producción y comercio. Esto trae consigo una serie de problemas asociados, siendo las altas tasas de homicidios en los países referidos el indicador más fehaciente de ello.

La mayor parte del crimen organizado (CO) en la región se destaca actualmente por su carácter transnacional. En otras palabras, el CO implica delitos que no sólo son internacionales (es
decir, los que cruzan fronteras entre países), sino aquellos que por su naturaleza implican la transferencia transfronteriza como parte esencial de la actividad delictiva. En el caso de la región
mesoamericana y de Colombia, el narcotráfico ha tenido y tiene un impacto importante; sin embargo, las actividades del CO se han extendido del narcotráfico hacia otras actividades
ilícitas, y las organizaciones criminales encontraron en las rutas migratorias, dentro y fuera del territorio nacional, la oportunidad para realizar secuestros, extorsiones, asesinatos, incorporación forzada de migrantes a las organizaciones criminales, trata y tráfico de personas, agresiones sexuales y cobro de cuotas por uso de medios de transporte, entre otros (Cantor, 2014; Ramos Lira, Saucedo González, y Saltijeral Méndez, 2016; Tickner et al., 2019; Calva et al., 2015).

El CO transnacional tiene, además de su vinculación internacional, la particularidad de estar más estructurado que otros tipos de hechos delictivos. Tiene un impacto muy notorio tanto
en lo social, como en lo político y en lo económico, a nivel individual, comunitario e incluso nacional. Pero como señalan Solís y Rojas Aravena (2008) su mayor impacto en la región está
relacionado con la violencia que genera y que atenta de manera directa e indirecta contra la vida de los individuos, principalmente contra las mujeres y las niñas.

Las mujeres son especialmente susceptibles a las actividades delictivas del CO: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acredita los “impactos diferenciados que la
criminalidad genera en mujeres y niñas, lo cual se ve reflejado en las presiones, amenazas y acosos que sufren muchas mujeres y adolescentes para ser reclutadas de manera forzosa por
organizaciones criminales y ser obligadas a participar de actividades ilícitas” (CIDH, 2018).

Puede acceder y descargar aquí tanto el resumen ejecutivo como el documento completo.

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